Procurador dice que Paraguay cumplirá con fallo de CorteIDH a favor de juez

Asunción, 1 feb. El procurador general de Paraguay, Rodolfo Andrés Barrios, aseguró este miércoles que el Estado paraguayo «va a cumplir» con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor del fiscal Alejandro Nissen Pessolani, quien fue destituido de forma arbitraria en 2002, mientras investigaba un caso de tráfico ilegal de vehículos robados que involucraba a altos funcionarios del sector público.

En la sentencia, notificada este martes a las partes, la CorteIDH ordenó al Estado paraguayo pagar una indemnización a Nissen por más de 300.000 dólares y eliminar cualquier registro público acerca de su condena, entre otros puntos.

«El Estado va a cumplir. El Estado asume sus compromisos ante el Sistema de Protección de Derechos Humanos», declaró Barrios a Radio Monumental 1080.

Sobre el dinero que se utilizará para la indemnización del fiscal, Barrios dijo que provendrá de los «contribuyentes» del país.

“Seguro que se cumplirá el pago correspondiente y otras medidas de reparación», añadió.

Barrios señaló que buscarán la manera de «obtener un respaldo legal interno» que permita ir contra aquellas personas que «generaron que se establezca esta responsabilidad internacional del Estado».

Nissen fue destituido como fiscal tras ser acusado de brindar información de sus casos a la prensa, tras lo cual presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de inconstitucionalidad, que posteriormente fue rechazada.

El entonces exfiscal llevó su caso a la CorteIDH y en su denuncia argumentó que en la tramitación del proceso en su contra no contó con un juez competente, independiente e imparcial. Además, de que no se respetó su derecho a la defensa, el principio de congruencia y el plazo razonable.

La CorteIDH estableció, en su sentencia, que Nissen «fue removido de su cargo de forma arbitraria, por lo que se afectó indebidamente su derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad», lo que implicó «una violación al derecho a la estabilidad laboral, como parte del derecho al trabajo». EFE