Paraguay sigue el rumbo de Argentina

Los números no mienten. En 2021 todos los ingresos de la Administración Central del Estado sumaron 37,1 billones de guaraníes, incluyendo tributos, aranceles aduaneros, royalties y compensaciones de Itaipú y de Yacyretá. Al tipo de cambio de hoy son 5.338 millones de dólares. Estos son los ingresos reales, los que efectivamente se concretaron, no los ilusorios que hacen figurar en el Presupuesto. En contrapartida, el gasto proyectado de la Administración Central para este año asciende a 54,2 billones de guaraníes, o 7.798 millones de dólares, eso sin considerar ampliaciones presupuestarias y leyes especiales con costo para el Estado que permanentemente el Congreso aprueba o busca aprobar para congraciarse con algún grupo de presión.

Es decir que el Estado paraguayo está gastando año tras año casi 50% más de lo que le ingresa de manera genuina, lo cual es a todas luces insostenible.
¿Cómo se financia la diferencia? Una parte con ingresos ocasionales, como donaciones y algunos rendimientos de capital, pero el grueso del exceso de gasto público se cubre básicamente de dos maneras.

Por un lado, con endeudamiento. No en vano el saldo de la deuda pública pasó de 2.839 millones de dólares en 2010 a más de 14.374 millones de dólares en la actualidad, del 10% del PIB a más de 35% del PIB, por encima del límite de prudencia, en poco más de una década. Lo más triste de ello es que el dinero no fue destinado a inversiones que potenciaran el crecimiento y el prospecto del desarrollo nacional, y que generaran un retorno para repagar esos préstamos, como lo demuestra el hecho de que Paraguay sigue estando entre los de peor infraestructura de América Latina junto con Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua, según el Índice de Competitividad Global. La mayor parte se esfumó en gastos corrientes, para tapar agujeros y calzar el déficit fiscal.

Por otro lado, con emisión. A estas alturas ya es innegable que se ha recurrido sistemáticamente a la “maquinita” para cubrir los gastos fijos, prueba de lo cual es que los billetes y monedas en circulación (M0) pasaron de 11,6 billones de guaraníes cuando asumió este Gobierno a 16 billones en la actualidad, ya después de las medidas restrictivas adoptadas por el Banco Central para reducir el pico de 18 billones de diciembre de 2021. Se trata de un incremento de casi 40% de los agregados monetarios, cuando el crecimiento económico acumulado en todo este período fue de apenas 3%.

La consecuencia directa es la inflación, que es el peor de los impuestos, porque golpea más a los que menos tienen. La variación interanual del Índice de Precios al Consumidor, que hasta hace no mucho era de entre 0,5% y 3%, ya hace tiempo ha llegado a los dos dígitos para ubicarse en 11,5%, aun con las mencionadas medidas del BCP. Para las capas medias y pobres es todavía peor, porque el mayor impacto se da en productos de la canasta básica de consumo, que es donde esas familias gastan casi todo o todo su dinero. Los precios de los alimentos, por ejemplo, subieron entre 15% (carnes) y 45% (vegetales frescos) entre junio de 2021 y junio de 2022.

La causa de todo esto no es distinta a la que provoca estragos en Argentina: se gasta más de lo que se tiene y se puede. Y aquí también, en vez de ajustarse el cinturón para recuperar el equilibrio, se hace lo contrario. Cuanto más se tarde en hacerlo, más costoso será. Y si nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato continuemos atentos a las noticias de nuestros vecinos, porque es eso mismo lo que nos va a pasar a nosotros.